Bulos y falsedades sobre la nueva Ley de educación

• La ley se ha aprobado por un amplio consenso de los grupos parlamentarios, a diferencia de la anterior, aprobada solo por el PP.

• Es imprescindible una Ley de Educación que garantice un servicio público de calidad para todos.

El Grupo Municipal Socialista ha emitido un comunicado denunciando lo que consideran “bulos y falsedades” acerca de la nueva Ley de educación, conocida como “Ley Celaá”

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El pasado 19 de noviembre se ha aprobado la Ley de Educación (LOMLOE) en el Congreso de los Diputados. Esta ley, tiene como objetivo el refuerzo y mejora de la educación pública, entendiendo que es imprescindible y necesaria para garantizar el derecho efectivo a la educación y como elemento central de equidad en el Estado de Bienestar.
La propia tramitación de la LOMLOE supuso acusaciones desde algunos sectores de las organizaciones de Escuelas Concertadas y de los partidos conservadores que no se ajusta a la realidad y desenfocan un debate claro y objetivo sobre el asunto, que se deben desmentir:

•  No es cierto que la LOMLOE atente contra los conciertos educativos. En 1985, un gobierno socialista creó los conciertos educativos. Desde entonces, la participación de la escuela concertada en la escolarización de las etapas obligatorias ha permanecido estable en torno al 28% del total y esta ley no lo modifica. Si una institución privada quiere crear un centro educativo y solicitar un concierto, tiene derecho a hacerlo, pero el Estado debe garantizar la educación pública.
• No es cierto que se elimine la libertad de elección de centro. Se mantiene la elección de centro por parte de las familias, pero impide la segregación de
  alumnos por razones socioeconómicas o de otra índole, así como el cobro de cuotas por parte de los centros privados que reciban fondos públicos y que pudiera atentar contra el principio de igualdad que debe regir una sociedad moderna.
•  No es cierto que se cierren los centros de educación especial. La ley garantiza la escolarización de alumnos, en centros ordinarios, cumpliendo todas las garantías en la calidad de la atención, para todos los padres o tutores que deseen que sus hijos cursen sus estudios en ellos, creando un marco para que las familias que así lo necesiten, tengan opciones reales de elegir o incluso combinar ambas redes.
• No es cierto que se atente contra la libertad de las familias. La LOMLOE es la primera Ley educativa que incluye el enfoque de derechos de la infancia
  entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
• No es cierto que se elimine el castellano de las aulas. La realidad plurilingüe de España, reconocida en la Constitución (art.3.3) alcanza al 40% de la población española que vive en comunidades con presencia de lenguas distintas al castellano. Con la nueva ley, el castellano tendrá presencia en todas las aulas y centros del territorio nacional con lengua cooficial. No deja de sorprender que, el Partido Popular, firme defensor del bilingüismo (en Inglés) ataque de forma sistemática al bilingüismo cuando se trata de las lenguas cooficiales del Estado. Aunque es más sorprendente, si cabe, que los Populares gallegos hayan sido advertidos en 2019 por el Consejo de Europa, por incumplir la Carta Europea de lenguas Minoritarias, ante la desprotección del castellano en esta Comunidad Autónoma.
• No es cierto que la Religión desaparezca del sistema educativo. Esta asignatura se seguirá impartiendo, pero el condicionamiento moral y religioso no puede implicar una ventaja o una desventaja para el expediente académico, la obtención de becas o el acceso a estudios superiores, por lo que no computará académicamente. Para los estudiantes que no quieran cursar Religión, se impartirá la asignatura de “Valores éticos”, que contempla aspectos como: las instituciones democráticas, la Constitución y los derechos y deberes de los ciudadanos.

A diferencia de la Ley Wert, la LOMLOE, trata de suprimir privilegios de ciertos sectores económicos que, siendo empresas privadas, han recibido una financiación superior, por parte de los gobiernos de derechas, que los propios servicios públicos, ocasionando un deterioro que perjudica a la mayoría de los ciudadanos y beneficiando a unas minorías.
Estas privatizaciones de los servicios públicos es la forma habitual de gestión de la derecha, no nos debe sorprender, por eso, cualquier gobierno progresista está obligado a modificar o cambiar cualquier legislación que atente contra la mayoría de los ciudadanos, ya que el Estado está obligado a garantizar los mismos derechos para todos.