Revisión de la Ley de Tasas Judiciales para PYMES y autónomos.

¿Principio del fin de la indefensión judicial contra la morosidad?

El 21 de Noviembre de 2012 entró en vigor la Ley 17/2012, elaborada e impuesta por el exministro Alberto Ruiz Gallardón, en la que se fijaban una serie de tasas de obligado pago para poder acudir a la justicia.

Desde su aprobación hasta hoy, esta ley ha perjudicado en gran medida a PYMES y autónomos y alentado la morosidad. Reclamar una deuda de 2000€, supone no sólo un coste en abogado y procurador, sino unas tasas que pueden ir de 100 a 400€. Muchas veces esto hace inviable recurrir a la justicia para reclamar deudas pendientes, ya que en la mayoría de casos los costes del procedimiento superan a las cantidades reclamadas. Por otro lado, el ganar dicho proceso no garantiza el cobro de los fondos exigidos. Todo ello genera una indefensión para este colectivo ya que se enfrentan a un aumento de la morosidad motivado entre otras causas por la imposibilidad del empresario de reclamar al deudor por vías legales.

La eliminación de estas tasas ha sido desde la aprobación de la ley una reivindicación constante de colectivos como la abogacía o los procuradores y ha sido respaldado por, entre otros, el informe crítico elaborado por el Defensor del Pueblo.

Según las últimas noticias, se anuncia una revisión de la Ley de Tasas que afectaría positivamente a PYMES y autónomos. Según fuentes oficiales a Europa Press,

“El Ministerio de Justicia estudia incluir en su proyecto de revisión del actual sistema de tasas judiciales, impulsado en su momento por el Ministro Alberto Ruiz Gallardón, la eliminación de la obligación de su pago, al menos en primera instancia, para las PYMES y autónomos..”

También está previsto que en las modificaciones se incluya también a las personas físicas.

Todo esto es aún un proyecto que está pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros y aún no está elaborado el texto definitivo, pero, de hacerse realidad, representaría el principio del fin de la indefensión judicial de un colectivo especialmente castigado tanto por la crisis como por las tasas.