La Bandera Electoral

Desde el pasado sábado, una gran bandera de España ondea en Pinto como homenaje a las víctimas del terrorismo. Una bandera que, según las informaciones publicadas, ha tenido un coste que asciende a 14.100 euros, aunque según las declaraciones del candidato socialista a la alcaldía, la cifra de la instalación asciende a más de 15.000 euros. Un dinero que pagamos todos los pinteños.

El pasado mes de octubre el alcalde popular de Monachil (Granada) gastó 9.000 euros del municipio para colocar una bandera en una rotonda. Sorprende que las características de la bandera sean muy similares a las de Pinto, con una bandera de 7,5 metros de largo por 5 de ancho y un mástil de aluminio de 18 metros de altura. Pero más sorprende saber que el coste de todo ello es 6.000 euros inferior al de nuestra localidad. En Coslada, por ejemplo, el mástil que instalaron en junio también mide 18 metros y está fabricado en fibra de carbono, siendo un material más ligero que el acero convencional, y en su vértice hay una bola que hace las veces de pararrayos. La bandera de Coslada tiene seis metros de largo por cuatro de ancho y el coste total ha ascendido a 4.500 euros.

La alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda, hablaba en el acto de homenaje sobre la necesaria unidad de los demócratas en torno a las víctimas, pero el gobierno municipal únicamente invitó a una de las asociaciones de víctimas, dejando fuera a la Asociación de Víctimas del 11 M, como reconoció ayer su presidenta Pilar Manjón en twitter. Y a pesar de haberse celebrado el acto dos días después del aniversario del 11 M. Todo un ejercicio de discriminación política a una asociación que representa a más de 2.000 víctimas. Es un grave error de Rabaneda, puesto que los políticos, sean del signo que sean, tienen el deber de corresponder a todas las víctimas con equidad, sin partidismos, sin menosprecios, sin desprecios y con dignidad e igualdad.

Por otra parte, el mayor grupo de la oposición, el PSOE, declinó asistir al acto porque lo consideraba un gasto innecesario en la actual situación de crisis. Toda la oposición se vio sorprendida por el anuncio en la prensa de la colocación de una bandera nacional. Esta es la “unidad de los demócratas” para participar en la toma de decisiones sobre los homenajes.

Pero ¿qué tiene que ver una bandera de España con las víctimas del terrorismo? 

Según Ángeles Pedraza, las víctimas del terrorismo “sólo cometieron un pecado, ser españolas”. Pero más de medio centenar de víctimas del terrorismo ni siquiera eran españolas.

A tenor de los resultados, no parece muy acertada la elección de una bandera para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo. La pretendida unidad con la bandera ha provocado mayor división en la sociedad. Los foros de debate se han encendido y las posturas se han enfrentado. Pero la realidad es que existe una competición entre los ayuntamientos populares por tener el mástil más alto y la bandera más grande, como si de ello dependiera el grado de patriotismo del municipio o de su propio gobierno.

Con la compra de la bandera, el gobierno local ha primado los símbolos patrios a las necesidades de los vecinos, derrochando los recursos públicos. Y todo esto ocurre a menos de tres meses de unas elecciones municipales. Cabe recordar que Pinto ha presentado en estos años un estado de total abandono de sus calles, parques y jardines, pero es ahora cuando hay prisa por asfaltar, desratizar e intentar lavar la cara al municipio. Intentando hacer en cuatro meses lo que no se ha hecho en los cuatro años.

Cabe recordar que este gobierno ha faltado a su palabra privatizando los servicios públicos de Aserpinto; ha faltado a su palabra despidiendo a cuatro trabajadores municipales; y ha faltado a su palabra con aquellos eslóganes que predicaban “Más empleo, menos impuestos” subiendo el IBI a los pinteños un 36% y teniendo a 500 familias más en el paro en estos cuatro años.
No deja de sorprender que un Ayuntamiento que no consigue bajar las cifras de desempleo, que no logra terminar colegios públicos ante la demanda de unos padres, que los servicios sociales no cubren las demandas de los vecinos, que inaugura deficitarios proyectos como el infrautilizado parking de autocaravanas, o que renuncia a adherirse a la Ley de Racionalización de la Administración Pública que reducía y limitaba los sueldos y cargos de los políticos locales, realice gastos tan innecesarios como este.
En tiempos de austeridad, los ayuntamientos tienen que priorizar los gastos, sobre todo cuando son tan excesivos, innecesarios y ostentosos como es el caso que nos ocupa.