La Memoria Histórica

Hace unos días Miguel Ángel García escribía en estas páginas sobre uno de los momentos más oscuros de la historia de nuestro municipio: La entrada de las tropas sublevadas del general Franco en la localidad cerrando el cerco que luego duraría tres largos años sobre la capital Madrid. Empezaba entonces un periodo de oscuridad que se prolongaría 39 años, hasta la muerte del dictador. ¿O no? Porque otros 39 años después de la defunción del tirano, y tras la aprobación en Diciembre de 2007 de la llamada Ley de Memoria Histórica, en la que expresamente se ordenaba retirar “los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura“, el Ayuntamiento de Pinto ha hecho oídos sordos a dicha ley y las organizaciones que en varias ocasiones, incluido en el pleno municipal, han reclamado la retirada del nombre de tres calles del municipio que incumplen la citada ley. Son las Calles Cuartel de Simancas, Calle Ruiz de Alda y Calle Capitán Cortés, cambio que se ha vuelto a reclamar por parte de la confluencia ciudadana de Ganemos Pinto en estos días. En los últimos años, esta situación ha coincidido con la reclamación del reconocimiento institucional hacia el último alcalde de la República, D. Francisco Aguilar Lagos, asesinado durante la represión Franquista en Junio de 1936.

Esta actitud de las autoridades municipales no solo demuestra una falta de respeto por las leyes que se supone que las instituciones y sus representantes debieran cumplir y hacer cumplir (tal y como prometen los cargos públicos al jurar el cargo), sino que muestran una falta total de sensibilidad hacia aquellos que sufrieron la persecución, el acoso y la humillación por parte de un régimen fascista y totalitario y una clara connivencia y justificación implícita (cada vez menos) de éste al mantener homenajes y reconocimientos por actos que nada tienen que ver con el espíritu democrático y de defensa de los valores que en una democracia debieran ser motivo de tales homenajes.

Por el contrario, las diferentes instituciones gobernadas por el PP se han esmerado en poner trabas al cumplimiento de dicha ley, desmantelando los diferentes organismos encargados de su cumplimiento o dejándolos desprovistos de partidas presupuestarias para hacerlos inútiles de facto. Casos como la falta de ayudas institucionales para el levantamiento de las docenas de fosas comunes que salpican la geografía española, denunciado incluso por los diferentes organismos internacionales, y el mantenimiento de simbología fascista en diferentes calles y plazas del país, demuestran que falta por parte de una parte importante de la derecha española de una asunción de responsabilidades del daño causado durante los cuarenta años de represión, que nos llevase a una verdadera reconciliación nacional para, entonces sí, poder cerrar el capítulo más nefasto y trágico de toda la historia de este país.