Ante las irregularidades que, según denuncian, durante décadas se han producido en el servicio de asistencia sanitaria, Somos Pinto acudirá a la vía judicial

• Somos Pinto ha decidido acudir a la vía judicial para denunciar las irregularidades que, según afirman, se llevan cometiendo en Pinto en materia del servicio de asistencia sanitaria en el Municipio.

Para que todos los vecinos de Pinto entiendan las irregularidades que Somos Pinto denuncia y que se llevan cometiendo desde hace décadas nuestro ayuntamiento,  han redactado una exposición de forma cronológica:
El Ayuntamiento de Pinto estuvo prestando el servicio de asistencia sanitaria urgente y transporte sanitario, a través de la mercantil ASERPINTO, de manera irregular, sin el debido amparo de la ley, durante nueve años.

Nota de prensa ayuntamiento Pinto 17/11/2008

En esta actuación, afirman desde Somos Pinto, concurrieron dos hechos claramente irregulares:
1.  Aserpinto no contempla en sus estatutos la prestación de tales servicios.
2. La prestación de los mismos no compete al Ayuntamiento de Pinto sino al SUMMA 112, ente autonómico.

Con la llegada de los Populares al poder, en 2007, se decide acabar con esta prestación y que sea asumida a través de una empresa de carácter instrumental, una creación de carácter político del gobierno de entonces que denominó PIMER-Protección Civil, un servicio de primera intervención municipal de emergencia y rescate que significó desde ese año al erario municipal un importante desembolso; incurriendo, a su vez, de manera reiterada en una palmaria invasión de competencias de los organismos autonómicos competentes en materia de emergencias y una duplicidad de gasto que ha podido estar poniendo en serio riesgo la sostenibilidad económica y financiera del municipio de Pinto.

En este periodo se adquiere una segunda ambulancia, en concepto de donación, pasando a ser dos las que presten el servicio.

Nota de prensa del Ayuntamiento de Pinto 18/04/2008

Según hemos podido comprobar desde la redacción de La Voz de Pinto, el alcalde socialista Antonio Fernández y la concejala de Sanidad, Laura del Moral, llegaron a un acuerdo con el entonces Consejero de Sanidad, Manuel Lamela, para la financiación regional para el servicio de ambulancia municipal.

En enero de 2011, el gobierno municipal dirigido por los socialistas anuncia la compra de una nueva ambulancia, por un importe de 70.000€ y cuatro años de duración, reconociendo abiertamente que, A PESAR DE SER UNA COMPETENCIA REGIONAL, el Consistorio debía hacerse cargo de una prestación que NO LE CORRESPONDÍA ASUMIR .

Nota de prensa del Ayuntamiento de Pinto 05/01/2011

El ejecutivo pinteño no dudó en cargar las tintas contra el ejecutivo regional y contra el propio organismo competente, SUMMA 112, haciendo alarde del gasto asumido por los pinteños fruto de su disconformidad, gasto que pudo suponer el medio millón de euros anuales.
Desde Somos Pinto, desconocemos la naturaleza del informe emitido por los habilitados nacionales por aquel entonces, pues eran los encargados de velar por la sostenibilidad económica y financiera del municipio, así como del control del gasto que se pudo haber efectuado; no obstante, y a tenor de los hechos, difícilmente pudieron avalar el gasto de un vehículo que pretendía llevar a cabo unas funciones para las que las Administraciones Locales no tienen competencias.

Durante el mandato de Ganemos Pinto surge el periodo de mayor controversia, no solo por el hecho de llevar a efecto la adquisición de una nueva ambulancia, sino por haber contribuido a mantener y fomentar las irregularidades y despropósitos que gobiernos pretéritos pudieron haber estado cometiendo.
Es entonces, en abril de 2018, cuando se anuncia la apertura de un procedimiento de licitación para la adquisición de una nueva ambulancia que sustituiría a la adquirida en 2008, por donación, durante el mandato del Partido Popular, el modo de adquisición de esta ambulancia fue un renting a cuatro años por un valor global de 135.500,64€.

Nota de prensa del Ayuntamiento de Pinto 19/04/2018

A raíz de estos hechos, y en vista de que la vida útil de la ambulancia adquirida en julio de 2011, estaba próxima a vencer, decidimos solicitar, vía registro, el informe que los habilitados nacionales hubieron de hacer para poder avalar la adquisición efectuada en 2018.

Son varias las razones que nos han motivado a la petición de este informe:
1. Tenemos información que pone claramente de manifiesto que ese informe fue negativo, es decir, que dada la naturaleza del informe ese vehículo jamás pudo ser adquirido, no al menos dentro de los parámetros legales establecidos.
2. Que difícilmente pudo ser avalado con el informe favorable de los habilitados nacionales puesto que Pinto, como ente local, no tiene competencias en materia de emergencia y transportes sanitarios.
3. Tenemos constancia de que, a día de hoy, no existe convenio de colaboración mediante, entre el organismo autonómico competente, SUMMA112, y el Ayuntamiento de Pinto; es decir, que no hay herramienta
administrativa posible que habilite al municipio de Pinto para ejercer las funciones de transporte y emergencia sanitaria, ni la hay en este momento, ni nos consta que la haya habido jamás.

Este dato ha sido asimismo confirmado por la Voz de Pinto. Nos hemos puesto en contacto con SUMMA 112 para realizar la comprobación y nos confirman que el convenio no ha existido nunca.

La petición de dicho informe se  llevó a efecto el pasado 1 de junio, ante el Registro del Ayuntamiento de Pinto y transcurridos más de tres meses desde la entrada por Registro de la Solicitud el Ayuntamiento de Pinto ha vulnerado la la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que impone a las Administraciones la obligación de publicar, en sus sedes electrónicas, los procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos para resolver y el sentido del silencio, así como dirigir una comunicación al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de su solicitud en la que se le indiquen, entre otras cosas, esos mismos datos, es decir: el plazo máximo para resolver y los efectos del silencio, ni en el plazo de diez días ni en los más de tres meses
que llevamos esperando el Ayuntamiento de Pinto se ha puesto en contacto con nosotros para nada y su respuesta ha sido el SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO.

El Ayuntamiento de Pinto desatiende de manera flagrante dicha petición y vulnera con ello la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.

Agotado, pues, este periodo y en vista de que el silencio administrativo negativo tiene el carácter de desestimatorio a nuestra pretensión anunciamos que vamos a iniciar los trámites oportunos para poder acudir a la JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA y que sea ésta la que obligue al Ayuntamiento de Pinto a cumplir la normativa vigente. Somos Pinto

Una vez concluya dicho procedimiento y se termine constatando que los informes emitidos por los habilitados nacionales fueron negativos, SOMOS PINTO se reservará el derecho a emprender las acciones legales que estime oportunas, en aras de la honorabilidad y la buena administración, ética, lícita y sostenible, de nuestro Ayuntamiento.