Pinto gana y rescinde el contrato de la empresa que abandonó las obras del skate park
- La Comunidad de Madrid entiende como procedente que se resuelva el contrato y se determinen los daños y perjuicios al Consistorio
El Ayuntamiento de Pinto incluyó entre las inversiones financieramente sostenibles que se llevaron a Pleno en el verano de 2016 la propuesta de Arreglos y mejoras en el skate park del parque Juan Carlos I. Por un importe de 142.000 euros, la intención del ejecutivo era remodelar completamente esta estructura deportiva utilizado por los usuarios de monopatines y elementos similares. Finalmente, y con un precio adjudicación de 122.754,5 euros con IVA incluido la obra recayó en la empresa Proforma, Ejecución de Obras Y Restauraciones, S.L.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Pinto se encontró con el retraso a la hora de abordar el proyecto y entró en litigio con la empresa ya que éste no podría finalizarse en el plazo previsto. Ahora, la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, en su reunión del día 11 de enero, ha emitido el Dictamen 8/18, sobre la resolución del contrato de obras de reforma del parque para deportes de ruedas y skate-park adjudicado a la mercantil Proforma, Ejecución de Obras Y Restauraciones, S.L.
En este dictamen consta que “De esta forma, entendemos procedente acordar la resolución contractual por incumplimiento culpable del contratista sin pérdida de la garantía constituida y que se incoe un procedimiento contradictorio para la determinación de los daños y perjuicios, reteniéndose mientras tanto el importe de la garantía, como medida cautelar.”
Finalmente la Comisión Jurídica Asesora formula la siguiente conclusión: Procede la resolución del contrato de Obras de reforma del parque para deportes de ruedas y skate park”, al amparo de lo establecido en el artículo 223.d) del TRLCSP.”
A la vista del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, la Junta de Gobierno en la sesión que celebrará mañana 17 de enero, procederá a la resolución del contrato de referencia, así como a iniciar el procedimiento contradictorio para la determinación de los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento.