Rafael Sánchez, alcalde de Pinto, investigado en una supuesta trama de espionaje

El alcalde y candidato a las #EleccionesPinto19 por Ganemos Pinto, Rafael Sánchez, ha sido citado como investigado por un supuesto delito de espionaje y revelación de secretos.

Según publica esta misma mañana el diario ABC,  el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Parla ha citado a declarar como investigado a Rafael Sánchez Romero, por un delito de revelación de secretos.

La juez ha llamado al regidor para que responda por, supuestamente, urdir una trama de espionaje contra la empresa UTE Valoriza Gestyona, empresa encargada de la limpieza y mantenimiento de edificios públicos y calles.

Según el auto fechado el pasado 5 de febrero, se llama a declarar el próximo 11 de marzo  en calidad de presidente del Consejo de Administración de la empresa pública Aserpinto, junto al también investigado Luis Isidro Martín Cabañas, consejero del mismo ente y miembro de su comité de empresa.

Las supuestas irregularidades cometidas se hubieran producido por la pretensión del Ayuntamiento de revertir  durante este mandato el contrato firmado con la UTE Valoriza-Gestyona en favor de Aserpinto, y remunicipalizar los servicios privatizados por el gobierno del PP cuando Miriam Rabaneda estaba al frente del Consistorio. Este procedimiento se inició el pasado mes de noviembre y fue anunciado por el gobierno pinteño en rueda de prensa.

“Ante la acumulación de sanciones impuestas a la empresa Valoriza-Gestyona, el Gobierno municipal busca la municipalización de los servicios que ahora presta la UTE. Ya se comenzaba a apuntar esta posibilidad el  agosto pasado.  Y es que desde en julio se impusieran a la mercantil dos nuevas sanciones graves, los responsables del Ayuntamiento comenzaron a ver la posibilidad real de poner fin a este contrato” (noviembre 2018)

Las últimas sanciones impuestas por el Consistorio a la adjudicataria, de 24.000 euros por falsear información y firmadas en el pleno del 31 de enero, sólo son parte de una serie de continuas sanciones que se le han impuesto a la mercantil.  Con este “Supuesto” plan,  el objetivo del alcalde, según las diligencias practicadas por la magistrada, no era otro que utilizar los expedientes para justificar una futura rescisión de la firma por irregularidades. Pero Sánchez Romero no es único al que se acusa de un supuesto delito. También la magistrada apunta a una trabajadora de la propia UTE, que durante más de tres años envió, según  sin autorización documentación confidencial y de exclusivo uso interno.

La investigación judicial comienza con una denuncia de los responsables de Valoriza-Gestyona, sorprendida de que el Ayuntamiento contara con información privilegiada sobre su gestión de la limpieza, parece ser qued encarga un informe a la empresa Lazarus Technology, especializada en informática forense y recuperación de datos para analizar sus ordenadores. Este trabajo  concluye que su empleada mandó a Martín Cabañas diversos archivos que, presumiblemente, eran de sobra conocidos por el alcalde.

Según el rastro explorado, en uno de los equipos se conecta el usuario LFM, que coincide con las iniciales de una trabajadora. Con su sesión activa, se utilizan dos cuentas correo, una con coincidencia de apellidos. Además, en ese mismo ordenador se instalan dispositivos USB de almacenamiento, donde se copian dos archivos en formato Excel sobre el tiempo de respuesta en la recogida de enseres. Ese contenido, precisamente, fue uno de los argumentos del Consistorio para uno de los expedientes sancionadores.

Las indagaciones sostienen que desde ambas cuentas se enviaron, al menos desde el 17 de marzo de 2015, un gran número de correos a la dirección que coincide con la inicial y el apellido de uno de los ahora investigados. Su contenido: los tiempos de respuesta de la recogida de enseres en Pinto. Estos archivos, señalan en la empresa, son de uso interno.

En la denuncia figura que junto a esos documentos se enviaron nombres y claves de usuarios, información referente a  ingresos de otra empleada, documentación de la finalización de la relación laboral de otro trabajador y, entre otros, la liquidación y el finiquito de otro asalariado. A pesar de su aparente participación, la juez no ha citado a L. F. M. ni como investigada ni como testigo.

El pasado mes de noviembre,  el Ayuntamiento les hizo llegar una invitación a participar a todos los trabajadores a una reunión en el salón de plenos para ponerles al tanto de la situación y las acciones que iba a poner en marcha para la remunipalización del servicio .  Fue una asamblea en la que se  trató el procedimiento de resolución del contrato que mantienen con la empresa.

Las sospechas también se asientan en que Aserpinto acordó en enero de 2018 que incorporaría a todos los trabajadores despedidos por la UTE que «hubiesen realizado acciones en defensa de los intereses del Ayuntamiento de Pinto», sin definir cuáles.

La Voz de Pinto intentará ampliar esta información de última hora.