Somos Pinto solicita a la Cámara de Cuentas la fiscalización de PIMER, la antesala de la vía penal

• Somos Pinto, mediante nota de prensa a los medios, afirma haber presentado ante la Cámara de Cuentas la fiscalización de PIMER, debido a las irregularidades que denuncian en su escrito.
• Afirman los responsables que esta es la antesala de la vía penal.

Desde el momento de su creación, en junio de 2008, y hasta el día de hoy, el servicio de Primera intervención Municipal de Emergencias y Rescate (PIMER) no ha estado exento de polémica.

Somos Pinto ha enviado el documento de 56 páginas presentado a la Cámara de Cuentas, del cual hemos sacado un extracto.

A la falta de consideración por no haber tenido en cuenta, en la creación de dicho servicio municipal, las normas que regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), que versan en la Comunidad de Madrid, se une el ingente gasto llevado a cabo durante estos quince años para un servicio municipal que colisiona, por todos los planos posibles, con aquellas normas que son de aplicación en el ámbito de la Protección Civil, así como en el control y la regulación del gasto público.

Con la denuncia presentada por SOMOS PINTO al Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, D. Carlos Salgado Pérez, con el fin de solicitar la fiscalización especial de las cuentas del Ayuntamiento de Pinto de 2008 a 2022, se pretende poner de manifiesto que, aún a sabiendas de que este gasto se ha estado llevando a efecto, nuestros representantes políticos, los que participaron de la creación del PIMER así como los que han colaborado sucesivamente en esa ejecución de gasto, han sido plenamente conscientes de lo que han estado haciendo.

En el cuerpo de la denuncia, concretamente en la parte que hace alusión a los antecedentes de hecho, el denunciante alude a la creación de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil (AMVPC) allá por 1991, agrupación compuesta por voluntarios que estuvieron llevando a cabo su actividad, con las funciones propias de la Protección Civil, colaborando con los Servicios Públicos competentes en materia de Prevención, Extinción de Incendios, Rescate, Salvamento, Transporte y Atención Sanitaria Urgentes, es
decir con el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y con SUMMA 112, desde la voluntariedad y el altruismo, espíritu sobre el que se vertebran las normas que regulan el voluntariado.

Para poder llevar a cabo la creación del PIMER se produjo un proceso selectivo del que resultó la contratación, por parte del Ayuntamiento de Pinto, de diez Técnicos Auxiliares en Emergencias (TAE) que pasaron a engrosar la plantilla municipal. Entre esos diez técnicos se encontraba el que más tarde fue
Jefe de División del servicio municipal, cuyo nombramiento en 2013 tampoco estuvo exento de controversia.

En la fase de concurso de aquel proceso selectivo los aspectos que más puntuaron fueron, paradójicamente, haber pertenecido a la AMVPC de Pinto, haber tenido experiencia profesional como TAE, o similar, en el Ayuntamiento de Pinto o empresas de capital 100% municipal radicadas en el municipio de Pinto, o haber realizado cursos de formación o perfeccionamiento relacionados con el ámbito de la emergencia, impartidos por el Ayuntamiento de Pinto o empresas de capital 100% municipal radicadas en el municipio de Pinto. El temario recogido en la fase de oposición contenía, en su práctica
totalidad, aspectos relacionados con el ámbito sanitario y no contemplaba, bajo ningún concepto, pruebas físicas, sino médicas, que habilitaran a los aspirantes para poder llevar a cabo las funciones relacionadas con el Cuerpo de Bomberos que, durante todos estos años, han venido desempeñando.

Bajo estos parámetros, y con estos baremos de puntuación, algunos de los voluntarios de la AMVPC de Pinto dejaron de ser voluntarios y pasaron a ser laborales del Ayuntamiento de Pinto, o lo que es lo mismo, lo que desde el año 1991 vinieron desempeñando con voluntad, abnegación y altruismo desde
2008 comenzó a serlo de manera remunerada, como personal laboral.

Con el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid prestando el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en Pinto, por cuyo servicio el municipio de Pinto ha estado abonando, y abona, una tasa a la Comunidad de 1,6 millones de euros anuales, y con el SUMMA 112 prestando
los servicios de transporte sanitario y atención sanitaria urgentes, bien directamente o a través de las empresas u organismos con los que el propio SUMMA 112 tiene suscrito convenio, no parecía posible que el Ayuntamiento de Pinto pudiera ejecutar un gasto público para realizar funciones que ya
estaban siendo desempeñadas por otra administración.

Tal es así que fueron los propios habilitados nacionales del Ayuntamiento de Pinto, la Interventora y el Secretario, quienes informaron a los responsables del ejecutivo municipal de manera DESFAVORABLE en lo referente a la pretensión que tuvieron de adquirir dos vehículos, una ambulancia y un vehículo de extinción de incendios, porque los servicios a los que se iban a destinar los vehículos a adquirir ya estaban siendo prestados por otra administración y, por tanto, no era necesario adscribir medios ni personal porque ello hubiera supuesto una DUPLICIDAD clara y evidente, hecho que hubiera colisionado radicalmente con el espíritu y la regulación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

La Intervención municipal fue algo más allá y determinó que aquel informe, elaborado en 2018 con la pretensión de adquirir una ambulancia, redundaba en otro realizado con anterioridad, concretamente en marzo de 2014, a los efectos de determinar en qué afectaba la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (L27/2013) a la actuación del Ayuntamiento de Pinto.
Aún con todo, desde la creación del PIMER en julio de 2008 y a expensas del informe que se realizó por la Intervención municipal en marzo de 2014, así como el más reciente llevado a cabo a finales 2018 para la adquisición de la ambulancia municipal, se ha venido procediendo a la adquisición de medios y
la adscripción del personal laboral de manera indubitable, desatendiendo los informes realizados por los habilitados y las advertencias, como las proferidas por algunos miembros de la Corporación Municipal, al respecto de los reiterados incumplimientos, en la sesión plenaria de enero de 2019 .
La creación del PIMER, además de la inseguridad jurídica que produjo el hecho de su creación y el quebrantamiento legal que ha venido suponiendo su puesta en funcionamiento, socavó lesivamente el espíritu bajo el que se regía la agrupación de voluntarios de Protección Civil creada en 1991, hasta el punto de abocarlos a su práctica extinción.

La AMVPC se integró en el nuevo servicio de Primera Intervención Municipal de Emergencias y Rescate (PIMER-PC), con un espurio fin, aparentemente, poder adquirir medios para el desempeño de las funciones de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, relacionadas éstas con el Cuerpo de Bomberos, y el transporte y la atención sanitaria urgentes, llevadas a cabo bajo su estricta competencia por la Comunidad de Madrid a través del SUMMA 112.

Toda esta situación ha venido suponiendo a los vecinos del municipio un ingente gasto a lo largo de todos estos años, gasto que no hubiera sido necesario asumir puesto que las funciones fruto del mismo ya estaban siendo llevadas a cabo por otra administración, y las que se venían desempeñando en
colaboración con los organismos públicos competentes, Cuerpo de Bomberos y SUMMA 112, lo estaban siendo por la AMVPC, desde la voluntad y el altruismo, tal cual mandata la Ley.

La intención que han venido teniendo los diferentes ejecutivos de tratar de hacer creer a los habilitados nacionales que los medios que se pretendían adquirir lo eran para la agrupación de voluntarios, prácticamente extinta, cuando en realidad lo eran para el PIMER compuesto por personal laboral,
queda debidamente acreditado y justificado en la presente denuncia.

La denuncia pone especial énfasis en aspectos normativos tales como que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local, y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se ha de
desarrollar con carácter VOLUNTARIO, bajo las formas y los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los CONVENIOS administrativos que suscriban, tal cual determina el artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, u otros como el referido en el prólogo de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en el que se pone de manifiesto un concepto claro y evidente, “UNA ADMINISTRACIÓN, UNA COMPETENCIA”, ahondando de este modo en la pretensión de evitar solapamientos y DUPLICIDAD competencial entre administraciones.

Se redunda en la evidencia de que, a día de hoy, no existe convenio alguno suscrito, en lo que al ámbito sanitario se refiere, entre el Ayuntamiento de Pinto y la Comunidad de Madrid, a través del SUMMA 112, según la información aportada por la Dirección del propio organismo y por la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid, y que el suscrito con el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, desde el pasado 23 de julio de 2021, lo es para el desempeño de
funciones relacionadas con dicha organización por parte de los laborales que componen el PIMER, cuando debería de serlo por voluntarios de la agrupación municipal sin ningún tipo de retribución a sueldo.
Este convenio suscrito con el Cuerpo de Bomberos, además de haber sido, y estar siendo, reiteradamente incumplido, lesiona de manera grave el referido artículo 57.1 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local aquí referido así como el espíritu de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, dejando claramente patente que la colaboración entre las diferentes administraciones no lo está siendo con carácter VOLUNTARIO y que se está produciendo un solapamiento competencial además de una, más que evidente, DUPLICIDAD DE GASTO.

En el punto 4, Suplemento de Crédito 2/2019, del Pleno Ordinario celebrado el 31 de enero de 2019, referente a la adquisición de la ambulancia para el servicio PIMER, cabe destacar alguno de los aspectos que allí fueron referidos y que pusieron de manifiesto que todos, y cada uno de los miembros
de la Corporación Municipal, eran conscientes y consecuentes con las decisiones que iban a tomar.

Por el grupo CS D. Fernando Oliver dijo, entre otras cosas:

Muchas gracias señor Presidente. Pues si bien en el otro punto no quería extenderme demasiado, en éste es obligado extenderse por la complejidad y
por el asunto a tratar. Se trata de modificar una partida presupuestaria para cubrir los gastos de renting de 2 vehículos, una ambulancia y un vehículo de extinción de incendios, se incrementaría la partida para poder cubrir los gastos de todo el año en 16.394 €. Para ello, se admiten los pertinentes informes por
parte de la Intervención y del señor Secretario, y sucede lo que ya sucedió el pasado año, que hay un informe donde se nos informa de la viabilidad de destinar este dinero al pago del renting de estos vehículos, de un ambulancia para PIMER Protección Civil, y un vehículo de extinción; Y un informe de
Intervención DESFAVORABLE.

Por el grupo socialista D. Juan Diego Ortiz dijo, entre otras cosas:
Muchas gracias señor Presidente, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo la presencia de Mª José Navarro, Diputada Socialista en la Asamblea de Madrid y por acompañarnos en esta tarde.
Para empezar, yo pensaba que el punto el crédito el suplemento de crédito era solo para una ambulancia no había oído nada de un camión de extinción de incendios, pero bueno, parece ser que el señor Oliver se ha confundido. Es solo para la ambulancia tengo entender.
Hoy se trae a debate este Pleno la aprobación para la ampliación de una partida presupuestaria para el pago de renting de la nueva ambulancia municipal, que fue aprobada su compra en abril de 2018 por la Comisión de Hacienda, con informe DESFAVORABLE de la Intervención Municipal, y que hoy vuelve a informar DESFAVORABLEMENTE, aunque esta ambulancia ya está en funcionamiento. El motivo de dicho informe DESFAVORABLE es que el Ayuntamiento de Pinto NO TIENE COMPETENCIAS SANITARIAS que son de la Comunidad de Madrid.

No sabemos si el votar favorablemente este expediente con un informe desfavorable de Intervención nos puede traer en el futuro alguna RESPONSABILIDAD PENAL.
Por el grupo de Ganemos Pinto, grupo en el Gobierno municipal, D. Raúl Sánchez dijo, entre otras cosas:
Si, Gracias Rafa. Pues nuevamente en efecto se trata de una transferencia de crédito para la ambulancia, únicamente la ambulancia no el equipo de extinción de Incendios. Y una vez más pues lo que tenemos es un informe DESFAVORABLE de Intervención.
Por el grupo Popular D. Salomón Aguado dijo, entre otras cosas:
Buenas tardes, no se trata de poner en duda la labor que realiza el servicio de PIMER Protección Civil en Pinto, se trata de ver o no, cuál es la LEGALIDAD que a los efectos de la consignación de un suplemento de crédito tiene el expediente que nos trae. El año pasado que se trajo un expediente similar a este, el informe de Intervención era meridianamente claro, el informe es DESFAVORABLE a una materia netamente económica y en esta ocasión el Informe de Intervención sigue siendo meridianamente claro, y es DESFAVORABLE. De hecho, en la Comisión Informativa, creo recordar que fue el señor Oliver preguntó a la Intervención sobre las CONSECUENCIAS que podría tener esto, y como bien ha dicho el señor Ortiz, las que PENALMENTE se determinen, y ÉL ESTÁ DISPUESTO A ASUMIRLAS.

Juan Diego Ortiz, portavoz del grupo Socialista, refiriéndose a Salomón Aguado del grupo Popular, dijo:
asumimos la RESPONSABILIDAD PENAL que pueda surgir, porque para aquí estamos, por lo menos el Grupo Municipal Socialista para intentar buscar soluciones, y lo que no vamos a permitir es que se eche atrás con nuestro voto una ambulancia municipal que no es que se quite un servicio, sino que pondría
en peligro el que 12, más de 12 TRABAJADORES que están actualmente prestando este servicio.

Por el grupo Popular Salomón Aguado dio la réplica y dijo, entre otras cosas:
Es muy interesante que usted diga que va asumir la RESPONSABILIDAD PENAL, me parece que ya se está preparado para lo que le viene encima.
Aquel pleno sirvió, además de para aprobar el suplemento de crédito necesario para la adquisición de la ambulancia y medios para el PIMER PC, para evidenciar, por medio del cruce exacerbado de acusaciones que mantuvieron los diferentes miembros de los grupos políticos que componían la Corporación Municipal, que se habían venido aprobando expedientes a lo largo de los años por los diferentes equipos de gobierno desatendiendo y desoyendo los informes de los habilitados nacionales, Intervención y Secretaría, y pareciendo no entender que tales hechos llevaban aparejadas unas responsabilidades que, en el peor de los casos, podrían terminar siendo PENALES, tal cual se especifican en la presente denuncia.

Dispuestos a asumir consecuencias penales por mantener un
“MONSTRUO”, tal cual lo definiera el actual alcalde, Juan Diego Ortiz, que les podría haber reportado, a creadores y sucesores, un importantísimo rédito político.
Una “criatura” alimentada con dinero público ,el dinero de todos, para el beneficio de unos pocos.