Rafael Sánchez, alcalde de Pinto, afirma que “paga el peaje” por enfrentarse a los poderosos

Tras la citación a declarar como investigado por el Juzgado número 1 de Parla, Rafael Sánchez ha convocado a los medios para explicar los motivos que han llevado a la apertura de estas diligencias previas.

Esta misma mañana, diferentes medios de comunicación nos hacíamos eco de la citación a declarar como investigado que el Juzgado número 1 de Parla ha remitido a Rafael Sánchez, alcalde de Pinto. La declaración, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo, viene motivada por unas diligencias previas abiertas en el Juzgado de Parla por una posible revelación de secretos tras una denuncia presentada por la UTE Valoriza Gestyona.

Horas después, Sánchez ha comparecido en rueda de prensa para explicar los motivos que le han llevado a esta comparecencia judicial.

El alcalde, en su nombre y en el de su equipo de gobierno, declara estar absolutamente tranquilo. Considera no haber cometido ninguna ilegalidad. Ya han enviado las alegaciones pertinentes y acudirá el día 11 a colaborar con la justicia tal y como se le ha solicitado.

Toda esta situación viene provocada por la apertura de unos expedientes sancionadores en base a la información que recibió uno de los concejales, de manera anónima, en pendrive con documentación de los trabajos realizados por la empresa. Niega asimismo, que dicho pendrive contuviera datos de confidenciales de la UTE de los últimos 3 años, tal y como parece afirmar el informe que encargó la UTE a una empresa especializada en recuperación de datos en datos en ordenadores.

“Es algo que estábamos esperando. Cuando uno se enfrenta a los poderosos, cuando uno se enfrenta a poderes que están muy establecidos en este país como es Valoriza del Grupo Sacyr y cuando uno empieza a seguir una senda de sanciones por lo que entiende que es falsedad documental en los informes de calidad, espera una reacción por parte del afectado y que van a atacar a la persona a la que más daño puedan hacer, en este caso al alcalde, presidente del consejo de administración de Aserpinto. Todo esto, además, dentro del periodo electoral, tampoco hay que obviarlo”

El regidor ha negado que exista una de trama de espionaje. Lo que hay, según nos aclara, es una empresa que lleva 5 años prestando servicios en Pinto. Una empresa que ha generado un malestar en el municipio por su mal servicio y una empresa que resiste a aceptar todo eso que se viene acreditando en casi todos los controles de calidad. De ahí que todo esto derive en una serie de sanciones económicas, 9 de ellas muy graves, que a día de hoy ronda los 200.000€.

Para Rafael Sánchez, esta investigación judicial obedece a dos factores: “la firme intención del Gobierno de revertir la privatización y la época electoral en la que nos encontramos”. A esta se añade el apoyo ofrecido a las trabajadoras sancionadas e incluso despedidas por la UTE. No obstante, según Sánchez, “no solo no van a asustarnos, sino que, si se volviera a dar la situación, actuaríamos igual”.

“Entendemos que este es el peaje que tenemos que pagar como gobierno municipal, un gobierno que vino aquí para enfrentarse con los poderosos. El peaje por las 9 sanciones muy graves, por haber salido a defender a la trabajadora que despidieron, entendemos que de manera injusta en diciembre, por defender a las trabajadoras sancionadas el año pasado. Asumimos que este es el peaje que tenemos que pagar, esta pena de banquillo. Pero que estamos seguros que quedará en nada, que se archivará, cuando se presten las declaraciones oportunas”

Ante la gravedad de estos hechos, el equipo de gobierno se plantea seriamente denunciar a la propia empresa por falsedad documental. Aseguran que creen tener esta falsedad  suficientemente acreditada y por ello están valorando esa posibilidad.

Ha anunciado que se reunirán con los trabajadores de la UTE para explicarles lo que está ocurriendo y que seguirán con los trámites para la remunipalización de los servicios. También quieren mostrar su solidaridad con el presidente del comité de empresa de Aserpinto, que también ha sido llamado a declarar como investigado.

Por último, Rafael Sánchez ha querido hacer hincapié en que, en cualquier caso, se trata de una posible imputación por intentar defender los derechos de los pinteños. No es una imputación por corrupción ni por prevaricación.

“No es lo mismo que me imputen por meter la mano en la caja que por intentar garantizar los servicios que presta la empresa concesionaria por 6 millones al año los cumpla bien”